​¿Y los de la aduana? El montaje político en el arresto de Ernesto Ruffo

La reciente detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel bajo los cargos de presunto "huachicol fiscal" no solo genera indignación, sino que despierta profundas sospechas sobre las verdaderas intenciones detrás de este proceso judicial. Ver al hombre que abrió la puerta de la transición democrática en México siendo procesado con tanta celeridad nos obliga a cuestionar si estamos ante un acto de justicia legítima o frente a una cortina de humo diseñada a la medida para golpear a la oposición política. En un país donde la ley suele tener un fuerte aroma a revancha, los detalles de esta acusación simplemente no cuadran con el sentido común.

La Fiscalía acusa a la empresa vinculada a Ruffo de introducir enormes cantidades de combustible desde Texas a nuestro país evadiendo el pago de impuestos, declarando supuestamente solo una fracción del volumen real. Sin embargo, esta narrativa oficial tiene una fisura lógica monumental que las autoridades han intentado ignorar convenientemente. Hablamos de un delito aduanero de gran escala, una operación logística pesada que requiere pasar por garitas federales, controles estrictos y revisiones documentales constantes, algo que es materialmente imposible de realizar de manera unilateral sin la complacencia del Estado.

Aquí es donde la historia del gobierno se cae a pedazos: hasta el momento, no hay un solo funcionario de aduanas detenido o bajo investigación pública por este caso. Suponiendo sin conceder que los delitos que le imputan a Ruffo Appel fueran ciertos, es absolutamente irracional pensar que una operación de contrabando de esa magnitud cruzó la frontera por arte de magia o por un simple descuido. Para que un particular pueda evadir sistemáticamente los controles fiscales en las garitas, forzosamente tiene que existir una red de colusión operando desde adentro del propio gobierno federal.

Resulta inaceptable e insultante para la inteligencia ciudadana que la Fiscalía actúe con todo el peso institucional contra una figura histórica de la oposición, mientras los responsables de vigilar nuestras aduanas brillan por su ausencia en los expedientes judiciales. Si los controles fallaron al grado de permitir un quebranto multimillonario, los administradores aduanales deberían ser los primeros en estar rindiendo cuentas. Al omitir a los funcionarios públicos en esta cacería, el gobierno demuestra que su interés no es desmantelar verdaderas redes de corrupción, sino usar el sistema de justicia como brazo ejecutor contra sus adversarios.

Desde este espacio manifestamos nuestro total rechazo a la manera en que se está politizando la justicia en el caso de Ernesto Ruffo. Exigimos un proceso verdaderamente transparente donde no se proteja a los funcionarios federales que, por omisión o franca complicidad, tendrían que ser los principales responsables de la porosidad en nuestras fronteras. Hasta que las autoridades no expliquen cómo cruzaron esos volúmenes de combustible sin que ninguna autoridad aduanera se percatara, esta detención seguirá viéndose exactamente como lo que parece ser: un burdo montaje de persecución política.